Una estrategia importante a la hora de modificar las prácticas de las operadoras y los operadores del sistema de justicia civil tiene que ver con la prestación de asistencias técnicas a países. Para ello, un elemento fundamental tuvo que ver con la generación de acuerdos institucionales robustos que permitieran concretar la asistencia técnica. Por ejemplo, con la Corte Suprema de Costa Rica se estableció un acuerdo institucional para generar dos manuales con destrezas prácticas sobre oralidad civil dirigidos a jueces y juezas y abogados litigantes respectivamente.

Por otro lado, también se ejecutaron asistencias técnicas dirigidas a abordar reformas procesales civiles en sentido estricto. Una de las más ambiciosas fue la elaboración de un Código General de Procesos para la provincia argentina de Chubut. Este código, si bien no fue implementado debido a la crisis económica suscitada en la provincia, sirvió como referencia para otros códigos procesales que aparecieron en América Latina por su contenido especialmente innovador y la incorporación de instituciones novedosas como las class actions, el precedente judicial o los mecanismos colaborativos de solución de conflictos.

En otras ocasiones, las asistencias técnicas fueron dirigidas hacia reformas parciales del sistema de justicia, como los mecanismos colaborativos. En el caso de Chile, se participó de la validación y revisión técnica de la Ley de mediación civil y comercial promovida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la provincia argentina de Chaco, se participó elaborando una institución específica como es el juicio por jurados en materia civil y comercial, constituyéndose como la primera ley a nivel latinoamericano en regular dicha institución.